Violencia armada es ahora una crisis de salud pública en EE.UU., al igual que el COVID
Un joven de 18 años compró legalmente dos rifles estilo AR15. El adolescente decidió asesinar a 19 niños y dos adultos en una escuela del poblado de Uvalde en Texas. Fue el mayor tiroteo escolar desde Sandy Hook.
La policía no pudo someter de inmediato al asesino. En Texas se puede portar y comprar un arma sin obstáculos. Los rifles fueron fabricados por la compañía Daniel Defense con sede en Georgia.
Una empresa que publica anuncios polémicos en su página web, como, por ejemplo, un niño portando un arma (el anuncio fue retirado luego de la tragedia) o campañas dirigidas a adolescentes invocando videojuegos populares como “Call of Duty” o utilizando personajes de “Star Wars”.
La comunidad de Uvalde en Texas llora la trágica muerte de 19 niños y dos maestras en un memorial frente a la escuela primaria Robb. /Jinitzail Hernández
Luego de la masacre, el presidente Joe Biden y algunos legisladores exigieron una reforma. Los políticos a favor de las armas recurrieron a temas de conversación algo desgastados: armar a los maestros y construir escuelas “más seguras”.
Este grupo responsabiliza a los videojuegos y los trastornos mentales de la violencia con armas de fuego. Después de los asesinatos de Uvalde, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que “preferiría tener ciudadanos respetuosos de la ley armados y entrenados para que puedan responder cuando suceda algo como esto”.
Los políticos en contra del porte indiscriminado de armas, de nuevo sacaron a la palestra las red flags o banderas rojas, los background checks (chequeo de antecedentes penales y mentales) y prohibir armas estilo militar, entre otras medidas.
Es una historia que en los EE.UU. ya se ha vivido en demasiadas ocasiones. Luego de la tragedia, pasa el tiempo y no parece existir una voluntad política para resolver la crisis, un velo de inacción circunda los tiroteos masivos que se producen a diario.
La violencia con armas es sin duda una crisis de salud pública, al igual que el COVID. Las cifras son alarmantes más niños mueren por disparos en un año que policías en servicio y militares activos asegura un estudio de la Florida Atlantic University’s Schmidt College of Medicine.
Personas se congregaron en la escuela primaria Robb para darle el pésame a familiares y amigos de las víctimas. Jinitzail Hernández
En las conclusiones del estudio se lee lo siguiente: “Creemos que combatir la epidemia de mortalidad por armas de fuego entre los escolares estadounidenses sin abordar las armas de fuego es similar a combatir la epidemia de mortalidad por cáncer de pulmón a causa de los cigarrillos sin abordar los cigarrillos”.
Las armas ahora matan a más niños y adolescentes en EE. UU. que los accidentes automovilísticos, las sobredosis de drogas o el cáncer, según una nueva investigación publicada en el New England Journal of Medicine.
Hasta el primero de junio se han registrado 233 tiroteos masivos en el país según cifras de Gun Violence Archive.
El tiroteo más reciente ocurrió en un hospital en Tulsa, Oklahoma donde fueron asesinadas cuatro personas. La intención del perpetrador era matar al médico que recientemente lo había operado de la espalda porque lo culpaba de su dolor.
Todavía estamos de duelo cuando ocurre la siguiente masacre.
JEVAS COMBATIVAS
Memorial en recordación de los 19 niños y dos maestras asesinados en una escuela en Uvalde, Texas. /Jinitzail Hernández
Mercedes López, madre latina que habló con JEVAS COMBATIVAS nos dijo que no dejó que el miedo la venciera. “El día después del tiroteo de Texas tuve dudas sobre si nuestro hijo debería ir o no a la escuela. Al final decidimos que iría porque no quería inculcar el miedo en él, pero cuando salimos nos percatamos que no había mucha gente en la calle y ese día muchos estudiantes no fueron a la escuela. Eso me sorprendió. La noticia nos rompió el corazón a todos. El miedo se va disipando, pero sigue allí”.
Un velo de inacción circunda los tiroteos masivos: ¿Cuál es el siguiente paso?
Isadora Velázquez, abogada de Florida, ex asistente del fiscal del estado habló con JEVAS COMBATIVAS y explica que hay leyes limitadas que no resuelven la crisis.
“Por una parte en Florida tenemos las llamadas red flags o banderas rojas, en donde se puede recibir cierta protección si se sospecha que un individuo ha presentado algún tipo de desequilibro mental o emocional. En ese caso se le suspende el uso del arma por un período, pero es una ley limitada que se contradice con la intención actual de aprobar el porte de armas sin permiso”.
Velázquez asegura que lo que deben exigir los ciudadanos es una reforma federal en donde adquirir un arma sea un proceso mucho más difícil que en la actualidad.
“Parte de la reforma federal se debe basar en tres aspectos: los background checks, se debe revisar el historial de violencia o trastornos mentales, se debe esperar por ese permiso y se debe diferenciar quién porta un arma por recreación (caza, por ejemplo) y quien no”.
La abogada comparó el derecho a portar un arma con el derecho a la libre expresión. “No puedes gritar en un espacio público ¡fuego! porque eso tendría unas consecuencias. Un arma debe ser utilizada con responsabilidad, debe haber un marco legal que regule el porte de armas de manera contundente”.
Más de 20 años de obstáculos para investigar la violencia armada EE.UU.
El portal de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) explica el origen de La Enmienda Dickey. La misma surgió en respuesta a los esfuerzos realizados a principios de la década de 1990 para comenzar a tratar la violencia armada como un problema de salud pública. En 1992, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. convirtieron su división de prevención de la violencia en un centro que lideraría los esfuerzos federales para reducir las muertes y lesiones resultantes de la violencia.
Pronto, los estudios financiados por el centro comenzaron a llamar la atención sobre el tema de las armas. En particular, un estudio de 1993 realizado por Arthur Kellermann y sus colegas reveló un mayor riesgo de homicidio asociado con la presencia de un arma de fuego en una casa.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) acusó a los CDC de tener prejuicios contra las armas y comenzó a presionar para que se elimine el centro de prevención de lesiones. Aunque el centro sobrevivió, la NRA persuadió a sus aliados en el Congreso para que tomaran medidas. Dirigidos por el representante Jay Dickey de Arkansas, agregaron una disposición a un proyecto de ley de gastos de 1996 que declara que “[n]inguno de los fondos disponibles en este título puede usarse, en su totalidad o en parte, para defender o promover el control de armas”.
Después del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012, el presidente Barack Obama ordenó a los CDC que no consideraran la Enmienda Dickey como una prohibición total para financiar la investigación sobre la violencia armada. Sin embargo, el CDC se mantuvo con reserva. El presidente Obama instó al Congreso a asignar fondos a los CDC para trabajar en la prevención de la violencia armada, pero el Congreso rechazó la solicitud.
En marzo de 2018, el Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos de 1,3 billones de dólares justo a tiempo para evitar el cierre del gobierno federal. Aunque el proyecto de ley masivo se dio a conocer públicamente solo un día antes de que el Congreso lo votara, la legislación fue el producto de semanas de negociaciones y compromisos por parte de los líderes de ambos partidos. Las discusiones ocurrieron en un momento de mayor atención nacional sobre la violencia armada, después de que 17 personas fueran asesinadas en un tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglasen Parkland, Florida, y los jóvenes sobrevivientes de ese tiroteo iniciaran una campaña de protestas y activismo.
Precisamente uno de los sobrevivientes de esa matanza, David Hogg, ahora activista del control de armas, estudiante de la Universidad de Harvard y cofundador de March For Our Lives, ha declarado en sus redes sociales que se debe encontrar un terreno común entre los propietarios de armas, los padres, los amantes de las armas y los defensores del control para abordar la violencia relacionada con las armas de fuego.
Los activistas asociados con March for Our Lives convocaron una marcha nacional contra la violencia armada programada para el 11 de junio. Unas 100 comunidades participarán incluidas varias ciudades de Florida.
