Llegarán fondos federales a comunidades afectadas por el cambio climático y justicia ambiental
En julio de 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reducción de la Inflación, (IRA, por sus siglas en inglés) el cual presentó cómo el “proyecto de ley más sólido” para abordar cuestiones climáticas.
En 2023 $60 mil millones destinados en la Ley de Reducción de la Inflación para los esfuerzos de justicia ambiental comienzan a fluir hacia las comunidades estadounidenses. Pronto llegarán fondos federales sin precedentes a algunas de las comunidades del país más afectadas por el cambio climático, la contaminación industrial y prácticas racistas como el redlined o la línea roja.
Por mencionar un ejemplo el Dr. Gabriel Filippelli, director ejecutivo del Instituto de Resiliencia Ambiental de la Universidad de Indiana (Indiana University’s Environmental Resilience Institute) explica que, entre las comunidades, el potencial de estrés por calor no se distribuye por igual.
“Las ciudades no son igualmente calurosas en todos sus vecindarios. Las áreas de las ciudades con mucha infraestructura gris, como carreteras, edificios, instalaciones industriales y estacionamientos, se calientan más durante el día y permanecen más calientes durante la noche que los vecindarios más verdes. En muchos lugares de los EE.UU., las ciudades estaban marcadas en rojo redlined (una política técnicamente legal pero racista y segregacionista a través de préstamos hipotecarios), y las áreas que se consideraban comunidades “negras y de color” carecían de recursos en términos de enfriamiento de activos verdes (parques, árboles, etc.) y sobrecargado con infraestructura gris. Las condiciones ambientales de estas áreas marcadas en rojo persisten hasta el día de hoy, y estas áreas también están desproporcionadamente pobladas por residentes de bajos ingresos, afroamericanos y de color”.
Michael S. Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, también explicó las desventajas de los hispanos ante el cambio climático durante una conferencia de prensa.
“Un análisis de EPA indica que los latinos tienen un 43 % más de probabilidades de vivir en áreas con mayor pérdida proyectada de horas de trabajo debido a las temperaturas extremas, que solo se ven exacerbadas por el cambio climático, y los niños hispanos tienen un 30 % más de probabilidades de visitar una sala de emergencias por asma”.
El dinero destinado a la Justicia Ambiental del IRA también presenta lo que los defensores de la justicia ambiental describen como la tarea monumental de garantizar que esos fondos lleguen a las comunidades más necesitadas, es decir, familias de bajos ingresos y comunidades de color que históricamente han soportado la peor parte de los daños ambientales del país mientras se benefician en menor grado de las regulaciones ambientales.
Ese financiamiento marca, por mucho, la inversión federal más grande en la lucha para cerrar las persistentes disparidades raciales y socioeconómicas del país relacionadas con la infraestructura, el clima y el medio ambiente. Como parte de esa reserva histórica de dinero, la Agencia de Protección Ambiental anunció el 10 de enero que los primeros $100 millones en subvenciones federales de justicia ambiental se abrirán a organizaciones comunitarias, gobiernos locales y otros solicitantes calificados en las próximas semanas, con proyectos que podrían comenzar tan pronto como octubre.
Antonieta Cádiz, directora de compromiso hispano de Climate Power, una organización que aboga por las políticas climáticas manifestó que estos fondos mejorarán la vida de la comunidad latina.
“Solo el año pasado, el clima extremo causó 18 desastres en Estados Unidos, con un costo de 165.000 millones de dólares”, explicó. Cádiz está convencida de que estos programas deben “mejorar la vida de las comunidades que están en la primera línea de la injusticia ambiental y la crisis climática”.
Los impactos dispares de los desastres ambientales no son nuevos, pero el impulso para abordar la justicia ambiental finalmente se está dando y está ganando impulso. Este año comenzará a probar si las nuevas políticas federales y las inversiones masivas enfocadas en el clima realmente beneficiarán a las familias de bajos ingresos y las comunidades de color.