La libertad de decidir que soñamos

Mientras la Oficina de Estadísticas Laborales (U.S. Bureau of Labor Statistics)  informó que el índice de precios al consumidor subió un 7,5% en los últimos 12 meses, el mayor aumento de precios desde febrero de 1982 en los Estados Unidos, un grupo de políticos sigue jugando al obstruccionismo de los derechos esenciales de los constituyentes, especialmente contra las minorías y las personas con menos poder adquisitivo. 

Se ha desatado una guerra cultural innecesaria, en contraposición a resolver los problemas fundamentales de los floridanos: salud, vivienda y empleo. Latinoamérica sigue evolucionando hacia una nueva conciencia a favor de leyes que intentan proteger a las comunidades más vulnerables en su lucha por la libertad sexual y reproductiva mientras que en los Estados Unidos vamos retrocediendo aceleradamente. 

El reciente fallo judicial de la Corte Constitucional de Colombia que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, nos recuerda porqué es tan preocupante el proyecto de ley HB5/SB 146 de Florida, que solamente espera por la firma del gobernador Ron D. Santis para convertirse en ley. En  diciembre del 2020, Argentina aprobó la ley a favor del aborto y el año pasado, México, declaró inconstitucional la criminalización del procedimiento. 

Los datos son claros y demuestran que leyes que restringen el acceso a un aborto no lo reducen ni tampoco sus riesgos, al contrario, lo hacen más inseguro y contribuyen a la alta tasa de morbimortalidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS por sus siglas en inglés) un promedio de 25 millones de abortos inseguros se practican en todo el mundo anualmente, con graves consecuencias santinarias y económicas.

Esta ley, que criminaliza el aborto seguro y legal después de las 15 semanas de gestación, no brinda protección a las personas que han sido sobrevivientes de incesto, violación o trata humana. Florida es un estado que ya presenta barreras sistémicas que consumen mucho tiempo para poder tener acceso digno al procedimiento médico, como por ejemplo, visitar a un médico en persona durante las complicaciones que creó una pandemia, pues en Florida los proveedores médicos tienen la obligación de realizarle un ultrasonido al paciente, aunque no sea necesario. 

Cuando tenía apenas 17 años quedé embarazada. Tuve que enfrentarme a un sistema judicial complicado, a la discriminación y a la falta de recursos para poder hacerme un aborto.  Gracias a mi formación profesional como trabajadora social aprendí que podía usar mi experiencia para apoyar a otras personas que necesitan acceso a un aborto, sin importar las razones de su decisión. 

Es alarmante pensar que en otros estados extremistas como Texas, los políticos anti-aborto también legislan para interferir en las decisiones médicas de las personas. Se olvidan que las personas de escasos recursos, sin seguro médico y de color son las que sufrirán el mayor impacto de las restricciones que imponen. 

Es evidente que los ataques a la privacidad que vemos cada año  por legisladores con ideas extremistas es una estrategia clara para cambiar la constitución federal. 

Aquellos que tienen la libertad financiera de viajar en cualquier momento a otro estado o país para realizarse un aborto seguro lo harán y aquellos que no puedan hacerlo, recurrirán a métodos peligrosos e insalubres que podrían atentar contra sus propias vidas o dejarlos marcados con heridas permanentes muy profundas. Los legisladores están al tanto de todo esto, pero a ellos no parece importarle porque viven en una burbuja llena de privilegios. 

Actualmente, el 73% de los condados de Florida no ofrece servicios médicos de aborto, lo que significa que personas de escasos recursos tienen que ahorrar dinero suficiente para pagar costos de estadía, gasolina, cuidado infantil si tienen otros niños y el costo del procedimiento que podría costar hasta miles de dólares. Cada persona y cada embarazo, es diferente. 

Los políticos de este país y de este estado tienen que tener algo claro: los abortos continuarán con o sin restricciones legales y serán ellos mismos los que tendrán que responder antes las consecuencias de sus acciones. No nos detendremos en nuestra lucha por tener la libertad de decidir que soñamos. Nuestro deber es reivindicarnos y no quedarnos de brazos cruzados